Los tres diputados que se niegan a votar a favor de la propuesta de ley para la reforma de la ley del Aborto este martes en el Congreso, así como cuatro senadores alineados con esa postura, han remitido al resto de parlamentarios de su partido un escrito en el que explican sus razones. En concreto, suscriben el escrito, al que ha tenido acceso ABC.es,
los diputados José Eugenio Azpiroz, Lourdes Mendez y Javier Puente, y los senadores
Gari Duran, José Ignacio Palacios, Luis Peral, Ángel Pintado y Ana Torme. [Consulta
aquí en un PDF en ABC la carta ]
Los firmantes aseguran haber trasladado a la dirección del grupo una posición que consideran «estrictamente personal e individual», «coherente políticamente» y una «cuestión de conciencia» que merecía la aceptación de su petición de libertad de voto, «lamentablemente rechazada», al igual que fue desestimada, aseguran, su propuesta de no presentar la propuesta de ley «en unos momentos en los que podía interferir en las elecciones de mayo».
«Desde el profundo respeto a quienes piensan diferente a nosotros -señalan-, o simplemente tienen otras diferentes interpretaciones, nos parece debido el proceder a manifestaros los argumentos en que se basa nuestra difícil e incómoda decisión en un tema de la importancia de la defensa de la vida humana».
«El aborto como derecho no se deroga»
En cuanto al objeto de la votación, la supresión entre los requisitos necesarios para abortar de la obligación de las menores de 16 y 17 años de informar a sus padres, aseguran que «el aborto como derecho durante las catorce primeras semanas de gestación (artículos 12 y 14, especialmente, de la Ley 2/2010) no se deroga; lo que se hace es trasladar el ejercicio de ese derecho de las menores a sus padres o representantes legales, que deben consentir, y, en caso de conflicto, a la decisión del Juez».
En consecuencia, enfatizan, la proposición de ley «no suprime el aborto como derecho (ni de mayores ni de menores) tan solo, en el caso de las chicas de 16 y 17 años, se difiere la titularidad del derecho al aborto (que, por tanto, se asume) a sus representantes legales».
Es decir, continúan explicando, «lo que se hace es que sean los padres, tutores o el Juez quienes “consientan” el derecho al aborto libre las primeras catorce semanas, tal y como garantizan los artículos 12 y 14 de la vigente Ley, que continuarán vigentes».
A continuación, exponen una lista de cuestiones que, tras aprobar la propuesta popular, seguirán vigentes:
- El aborto libre como derecho hasta las 14 semanas
- El uso eugenésico del aborto hasta las 22 semanas y sin límite de plazo en enfermedades extremadamente graves e incurables (como lo pueden ser determinados tipos de ceguera o la falta de un miembro)
- La objeción de conciencia permitida a los profesionales sanitarios directamente implicados en el aborto, pero no al resto de los profesionales sanitarios, personal auxiliar y trabajadores sociales y tampoco a los centros médicos
«Coherencia»
Los parlamentarios contrarios a la propuesta consideran también que esta oposición es razonable «porque asume el derecho al aborto a plazos y resulta plenamente incoherente con lo que, hasta hoy al menos, han constituido los valores del proyecto político del Partido Popular», que a su juicio se concreta en estos puntos:
1.-En los Estatutos del partido, en su artículo 3.
2.-En la posición de defensa de la vida mantenida en los Congresos Nacionales.
3.-En los argumentos del voto particular en la Subcomisión sobre el aborto.
4.-En las votaciones en contra de la «Ley Aído» llevadas a cabo en el Congreso y en el Senado.
5.-En los motivos en que se funda nuestro Recurso de Inconstitucionalidad contra 9 artículos de la Ley 2/2010.
6.-En nuestro Programa Electoral, página 108, punto 06
7.-El propio Consejo de Ministros decidió aprobar por unanimidad en fecha 20 de diciembre de 2013 un Anteproyecto de Ley (la llamada Ley Gallardón) por el que se suprimía el aborto como derecho.
8.-Diversas respuestas gubernamentales, expresando su apoyo al anteproyecto en sede parlamentaria.
9.-Por fin, en votación secreta producida en el Congreso el 11 de febrero de 2014, 183 diputados populares rechazamos la pretensión del grupo parlamentario socialista de proceder a la retirada del anteproyecto.
«Lealtad»
Estos diputados y senadores defienden que «aunque nadie ha explicado (tal vez porque sencillamente es inexplicable) las supuestas “razones” para un cambio integral de la posición» del PP, «producido además en muy escaso tiempo», quienes de modo público han apoyado tanto los compromisos del programa electoral como el anteproyecto aprobado por el Gobierno se han conducido «con plena lealtad» a su partido y a sus cargos jerárquicos comenzando por Mariano Rajoy, al que solicitaron una reunión hace dos años, recuerdan, así como a la vicepresidenta de Gobierno.
«En ambos casos no obtuvimos más que el silencio por respuesta, hasta que en fechas recientes, y tras reiterar por carta esa petición, hemos sido recibidos por el Ministro de Sanidad en la semana del debate sobre el estado de la Nación», aseguran.
«Pese a ello y, sobre todo, a pesar de que durante el tiempo transcurrido el Gobierno ha ido cambiando de posición, sin explicación alguna -continúan-, no hemos variado nuestra conducta paciente, respetuosa, leal y propositiva en favor de la vida y de los compromisos electorales como, por otra parte, siempre hemos intentado a lo largo de nuestra dilatada vida política».
«El supremo de los derechos»
Tras recordar que la proposición de ley se refiere al «supremo de los derechos, sin el cual no hay derecho posible, el derecho a la vida humana de quien ya la posee –el concebido no nacido- el más inerme e indefenso en su protección», entienden que «parece razonable que el Grupo Parlamentario Popular, proponente de esta iniciativa parlamentaria, hubiera abierto un debate interno en el cual se hubiesen escuchado los argumentos, no sólo de quienes han instado a este cambio programático de nuestra formación, sino también a aquellos que entendemos nos hemos mantenido fieles y coherentes con los del Partido».
En cualquier caso, consideran «que todavía se está a tiempo de introducir modificaciones a la propuesta que limiten el daño que provoca la Ley en vigor, cuyo núcleo esencial es el aborto como derecho de la mujer».
Ante argumentos para justificar la iniciativa en el hecho de que se mantiene el recurso de inconstitucionalidad contra la ley Aído, los firmantes del escrito advierten de que ese recurso no es susceptible de retirada juridicamente, por lo que seguirá «vivo» hasta que el TC resuelva sobre el mismo o se legisle en coherencia con lo recurrido.
Además, creen que «parece políticamente insostenible» que, teniendo el Gobierno mayoría absoluta «no desee legislar, renuncie a gobernar en la materia y difiera su poder y capacidad de cumplir sus compromisos electorales a la decisión ajena, por importante que sea el Constitucional, de un tribunal. Si hay voluntad política se podía legislar, incluso hoy se puede hacer y, con ello, derogar el derecho al aborto».
«Un fracaso de la sociedad»
La carta señala que el aborto «supone un drama y un fracaso de nuestra sociedad y que «la mujer embarazada, con dificultades reales por abandono o de carácter económico, social o cultural, merece una posición clara y determinada que respete su integridad y dignidad como persona», algo que «puede y debe ser compatible con la vida de un nuevo ser».
«Las eventuales consideraciones sobre el futuro electoral y la repercusión sobre otras políticas no pueden utilizarse como coartada para adoptar posiciones de ambigüedad que no resuelven el grave problema de considerar el aborto como un derecho en nuestro país», aseguran.
También dicen ser «conscientes de que el debate del aborto está muy unido al de la maternidad». «Entendemos que toda política de apoyo a la maternidad contribuye a ponerla en valor y a facilitarla, por ello nuestro programa electoral comprometía, también, una Ley de maternidad», indican. Sin embargo, agregan, «este importante soporte, en términos jurídicos, sociales y de derecho, no suprime ni reduce la gravedad del aborto como derecho».
«No es un debate cómodo»
Los parlamentarios reconocen que «este debate no es cómodo para nadie» y quieren expresar su «máximo respeto a todos aquellos compañeros que, con criterios diferentes a los nuestros, consideran que van a cambiar las cosas en el futuro o lo mejor, para ello, es debatir la cuestión en la próxima legislatura o en el próximo Congreso Nacional».
Libertad de voto
Por último, piden que «se respeten los disensos» y que la dirección del grupo acceda a la libertad de voto en esta proposición de ley, como el portavoz de su grupo en el Congreso, recuerdan, requirió el pasado 18 de febrero pasado. «Todavía ello es posible», concluyen antes de despedirse con «un abrazo».
