Montserrat Balsells,
«católica activista», como ella misma se define, nunca imaginó que sería
«señalada» y «discriminada» por sus creencias religiosas en un hospital participado por la Iglesia.Esta técnico de rayos X, contratada para suplencias con regularidad desde 2009 en el hospital de Sant Pau de Barcelona, en cuyo patronato está representado el Arzobispado de Barcelona, mantiene una cruzada contra el centro barcelonés desde que, según denuncia, en julio de 2013 «perdió el trabajo por defender la vida».
Madre de cuatro hijos, actualmente sin pareja y con el único ingreso de su empleo, la trabajadora se vio en la calle después de trabajar casi cinco años en el hospital, justo cuando le habían avanzado que tenía muchos números para acceder a una plaza fija.
«Reconocieron que no tenían quejas profesionales debido a mi buena predisposición para realizar todo lo que se me encargaba y por mi forma de trabajar, pero me echaron a la calle», dice la trabajadora en declaraciones a ABC. Alega que tras su despido hay «motivos estrictamente personales».
La técnico de rayos X, contratada para realizar mamografías en el Servicio de Radiodiagnóstico del hospital, se había mostrado en numerosas ocasiones en contra de que en el centro, participado por la Iglesia catalana, se realizaran abortos, tal como había comprobado en persona.
Según denuncia, había elevado su queja al Arzobispado de Barcelona, que forma parte de la Muy Ilustre Administración (MIA) del hospital, órgano rector del mismo, aunque obtuvo poca respuesta.
«Hacían chistes conmigo»
Fue, como consecuencia de este activismo «pro vida», según afirma, cuando empezó la campaña de acoso y desprestigio hacia ella por parte de sus superiores y de algunos de sus compañeros.
Montserrat Ballsells se sentía discriminada por sus colegas profesionales, que le hacían constantemente bromas con sus convicciones. «Siempre hacían chistes conmigo. Era consciente de que se mofaban de mí», denuncia la trabajadora. Esa actitud y algunas acciones, que ella interpreta como discriminatorias por parte de sus jefes, la llevaron a dejar de frecuentar el «office», lugar de encuentro con sus colegas en los momentos de descanso, y a distanciarse de ellos. «Se reían de la Iglesia y decían cosas realmente ofensivas para molestarme. Me provocaban cuando yo solo defendía mi fe», añade Montserrat.
Una baja por «mobbing»
Esa hostilidad hacia su persona, que recogió en un diario personal («Diario del Sant Pau»), que ella misma redactó entre el 9 de marzo y el 31 de julio de 2012, la condujo a tener que pedir ese verano una baja de casi un mes.
Cansada de este trato, la empleada reclamó al centro que abriera un expediente para constatar su denunciado acoso.
«Iban a por mí. Pocos me hablaban ya en el servicio. Me hacían claramente “mobbing ”», dice angustiada Montserrat mientras recuerda la situación.
Del informe encargado por el Sant Pau, consultado por este diario, se desprende que hay una percepción real de acoso y discriminación por parte de la trabajadora, aunque no hay constatación de esa realidad con hechos documentados. No obstante, el informe deja clara la falta de eficacia del centro a la hora de abordar esta situación. Constata también la profesionalidad de la denunciante, de la que también dan fe sus superiores.
El informe del Sant Pau no satisfizo a la trabajadora, por lo que decidió llevar su caso ante la inspección laboral.
«Llamaron a declarar solo a mis jefes y a personas que estaban claramente en mi contra. Todo el mundo lo sabe. Fue un informe a medida. Pagado por el centro para que no les resultara incómodo», asegura. Igual opinan los representantes de prevención laboral que la ampararon en el proceso.
La dirección general de la Inspección de Trabajo expidió un informe similar en el que instaba al centro a resolver de manera más solvente y eficaz estas situaciones, aunque no entró en el fondo de la cuestión. La autoridad laboral invitó a los responsables del centro a buscar una salida a la empleada, dada su complicada situación personal, con cuatro hijos a su cargo.
Tras ese informe solo consiguió tres sustituciones a través del hospital, en total dos meses de trabajo. Una de tres semanas de duración, en agosto de 2013 (un mes después de que le anularan su relación con el hospital), otra de una semana en septiembre, y una última de un mes el pasado verano de 2014. Todas ellas en un ambulatorio adscrito al centro pero fuera de sus instalaciones.
Solo 1.800 euros en dos años
En total, esas sustituciones le han reportado 1.800 euros (unos 900 por los contratos de verano de 2013 y otros 900 por la última suplencia).
«En un año y medio he tenido que vivir con eso y mantener a mis cuatro hijos», dice Montserrat.
Ahora, un año y medio después de este episodio, su situación es dramática.
Con un crédito pendiente que pidió para poder financiar los estudios de dos de sus hijos, y unos gastos fijos de casi 2.000 euros mensuales (solo 700 son para cubrir la carrera de su hija y otros 114 para el master de otro de sus vástagos), Montse sobrevive desde hace meses gracias a la caridad de los vecinos y se ha visto obligada a pedir ayuda a los Servicios Sociales.
Según denuncia, el hospital decidió, rompiendo la dinámica de los últimos años «de forma inexplicable», no renovarle la suplencia. Las causas, según arguye, «no son laborales» sino que la decisión se debió a que se había posicionado en varias ocasiones en contra de que en el centro se practicaran abortos y porque creen que ella acudió a la prensa para denunciar esta situación. Su caso coincidió, de manera casual, con la denuncia realizada por ABC de la práctica de Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVEs) en el centro.
«Recortamos las suplencias»
El hospital de Sant Pau, con el que ha contactado ABC, mantiene que decidió no renovar el contrato a la empleada porque cambió la política de contratación, reduciendo las suplencias y encargándoselas a aquellas personas que tuvieran más antigüedad. «No es nada personal, como su caso hay una veintena», indicaron. Un miembro del comité de empresa, que tiene acceso a la contratación y que le amparó en todo su periplo de denuncia, así como otros trabajadores del centro con los que ha contactado este diario, desmienten la versión del Sant Pau.
También contradice esa versión oficial las conclusiones del propio informe de la Inspección de Trabajo. En el documento se indica que «desde que finalizó el contrato de la trabajadora se han realizado al menos 57 contratos de su categoría, de los cuales 40 se han otorgado a cuatro personas –una persona acumula varios contratos– que iniciaron su relación laboral con el hospital después de la señora Balsells». La citada miembro del comité constata con datos que facilita a este diario esta realidad.
«Se la pudo reubicar»
Ella y otros trabajadores del hospital están convencidos de que ha habido un trato discriminatorio. «Si hubiera pertenecido a un colectivo que gozara de más sensibilidad social el caso no hubiera llegado tan lejos», aseguran las citadas fuentes. Varias integrantes del comité de empresa, entre ellas la delegada de prevención laboral que la acompañó en todo su periplo de denuncias, aseguran que «el centro tuvo posibilidades de reubicarla dentro del hospital pero no lo hizo».
«Tardé en denunciarles porque me dieron esa suplencia corta para taparme la boca. Siempre me llegaban voces de que me recolocarían, pero nunca llegó nada», dice la trabajadora. Su situación se ha agravado esta semana con el fin de la prestación de desempleo que recibía.
«He pasado las navidades gracias a la ayuda de mis vecinos. He tenido que acudir a ellos, incluso para comprar papel higiénico», confiesa avergonzada.
Al acabar la entrevista, esta redactora topa con una de las vecinas de su finca, Esperanza. «Cuídala bien, que es muy buena persona», indica. Ella y el resto de miembros de la escalera llevan meses perdonándole las deudas a la comunidad.
