Bajo el título
“El riesgo de ser sacerdote en México”, la unidad de investigación del Centro Católico Multimedial (CCM) dio a conocer su reporte anual 2014, sobre sacerdotes, religiosos y laicos que perdieron la vida en México a causa de su actividad pastoral y su sentido de absoluta fidelidad a Cristo y a su Iglesia.
“Durante los últimos 24 años, fueron perpetrados 47 atentados contra miembros de la Iglesia Católica, de los cuales 45 son crímenes arteros; y 2 corresponden a sacerdotes que siguen en calidad de desaparecidos”, señaló el informe.
La lista de los agentes pastorales que perdieron la vida de modo violento de 1990 a 2014, la encabeza un cardenal, 34 sacerdotes, un diácono, tres religiosos, cinco laicos y una periodista católica.
En los dos primeros años de la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto se registró el asesinato de ocho sacerdotes, mientras dos continúan desaparecidos.
La tendencia de atentados contra sacerdotes sigue en alza: Se registra un aumento de un 100 por ciento, al cierre de 2014, comparado contra el segundo año de gestión del sexenio pasado.
Cotejando los números, el fenómeno ha ido aumentado, en el caso de México subió un 300 por ciento el índice de secuestros de sacerdotes.
El balance, tan sólo en 2014, indica que fueron perpetrados cuatro crímenes contra agentes de pastoral mexicanos, de los cuales tres asesinatos corresponden a sacerdotes, y un atentado fue cometido contra un laico que acompañaba a un presbítero; este último, logró sobrevivir al tiroteo, luego del intento fallido de secuestro.
En los últimos 12 meses, dos sacerdotes de la Arquidiócesis de Acapulco pagaron con su vida al ser levantados y secuestrados por grupos violentos en Guerrero.
Otro presbítero que pertenecía a la Diócesis de Atlacomulco, estado de México, fue asesinado cuando se perpetraba un robo en el templo del cual era párroco.
Los datos expuestos –señaló el informe-, indican que lamentablemente México es el país latinoamericano más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal. El documento también advierte que las autoridades brindan poca o nula protección, sobre todo en zonas donde opera el crimen organizado.
